Mucha gente se habrá preguntado alguna vez en su vida cuál es la función del Rey de España en el entramado institucional de este país. Si es sólo un elemento decorativo o tiene una función importante más allá de su agenda diaria.
Así, siempre que se estudia el sistema político español actual pasa lo mismo a la hora de hablar del Monarca. Ya sea en la ESO, en Bachillerato, en cualquier carrera universitaria o en las academias que preparan para las oposiciones de esto y de lo otro, se utiliza la misma frase para definir su función: “El Rey reina pero no gobierna”.
Que no gobierna está claro. No ejerce ninguno de los tres poderes del Estado que dividió Montesquieu en el siglo XVIII. El poder legislativo corresponde al Congreso de los Diputados (bueno, y al Senado), el ejecutivo al Gobierno y el judicial a los Tribunales. El Rey y su Corona no aparecen por ninguna parte.
Lo que no queda tan claro entonces es la función de reinar. Es una definición tan amplia que cabrían múltiples interpretaciones. Por eso lo mejor es ponerse serios e ir a la ley de leyes: la Constitución Española de 1978.
El Rey en la Constitución
El Rey, o mejor dicho, la Corona, tiene para sí mismo un Título completo (el II) en la Carta Magna, por delante de los Títulos referentes a las Cortes, el Gobierno o el poder judicial. Una muestra de la importancia que se le quiso dar durante la Transición como sustento de la monarquía parlamentaria.
Dicho Título se compone de 10 artículos, del 56 al 65. En ellos se explican cuestiones que podrían definirse como la parte decorativa de la Corona: los mecanismos de sucesión, las diferentes regencias posibles, tutelas… Sin embargo, parte del texto muestra funciones que podrían ser importantes dentro de la actual política española.
De esta manera, en el artículo 56 se puede leer que “[…] arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones…”. Una frase que podría tener mucho sentido en la España del momento. Ante la dificultad de formar un Gobierno estable, podría actuar como enlace, mediador y consejero entre las diferentes fuerzas políticas, durante la ronda de consultas. La ley se lo permite. Y se lo exige.
En la misma línea, dentro ya del Título IV referente al Gobierno, la Constitución expone en su artículo 99 que “el Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del Presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno”. Y continúa diciendo que “el Rey le nombrará Presidente”.
Esto quiere decir, interpretando el texto tal y como está, que el Rey podría proponer como presidente del Gobierno a cualquier diputado elegido en las elecciones. Independientemente de cuál hubiera sido la fuerza más votada. No obstante, a nadie se le ocurre pensar que en la cabeza de Felipe VI está ir en contra de lo que ha votado el pueblo, ni proponer a un presidente que no contara con un respaldo suficiente de las Cortes. Eso tendría mucho de monarquía y poco de parlamentaria. Pero la Constitución le da ese derecho.
Rey como embajador
En otro orden, el Rey “asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales” (art. 56). Esto es otra forma de decir que no hay mejor embajador español que él mismo, pudiendo ser importante tanto en la resolución de conflictos con otros Estados o en la defensa de intereses comerciales en el extranjero.
El Rey y el Ejército
Volviendo al Título II, el de la Corona, en sus artículos 62 y 63 se le reconoce “el mando supremo de las Fuerzas Armadas” y el derecho de “declarar la guerra y hacer la paz”, esto último previa autorización de las Cortes.
Ambos artículos jugaron un papel decisivo el 27 de febrero de 1981. Un mensaje de unidad democrática del entonces Rey Juan Carlos I hizo que todos los militares golpistas se fueran rindiendo poco a poco, sin que se derramara ni una gota de sangre. Obedecían a su jefe supremo. Desde aquel incidente, nunca la figura de un Rey ha sido tan importante en la actual democracia.